La Ley de Riego, promovida por el Poder Ejecutivo, y aprobada el 17 de octubre 2017 por el 99% de los legisladores, trae consigo una clara violación a la Constitución. Posibilita la contaminación, acaparamiento y mercantilización de agua para riego por capitales privado.

La Reforma Constitucional del 2004, producto de una iniciativa popular, marca un antes y un después en la defensa del Agua como Bien Común.

La toma de conciencia en la necesidad del cuidado de las fuentes de agua dulce expresada con el voto por la ciudadanía, manifestó el reconocimiento de que el agua es esencial para la vida, y que por su escases, su fragilidad ante las actividades antrópicas, y la necesidad de preservarla para las generaciones futuras tal cual la hemos recibido, demanda seguir por derroteros que nos exige extremar su cuidado.

Sin embargo a 13 años del pronunciamiento popular vemos como los gobiernos han venido desconociendo, en beneficio del lucro y del gran capital, lo que la ciudadanía estableció en la Constitución.

La promoción del cultivo de eucaliptos sin tener en cuentas las cuencas de cosecha de agua, la instalación de dos plantas industriales de Celulosa y la proyección de una tercera planta; el intento de un emprendimiento minero a cielo abierto en el centro del país, y la no prohibición del fracking para explotación de yacimiento petrolero en una de las zonas de recarga del Acuífero Guaraní, marcan la tónica de que lejos están de la política de aguas establecida en la Constitución.

En estos últimos años se ha profundizado el impacto negativo que ha causado en las fuentes de agua el cambio de la matriz productiva y con ella el cambio del uso del suelo.

El agro negocio forestal y sojero instalado en el país ha intensificado en forma exponencial el uso de agrotóxicos generando en, las fuentes de aguas superficiales un fuerte deterioro. Basta con mencionar tres episodios ocurridos en el país. En marzo de 2013 en el Rio Santa Lucia fuente de agua que abastece a más de la mitad de la población del país. En marzo de 2015 en Laguna del Sauce en el Depto. de Maldonado donde se encuentra el centro turístico más importante, Punta del Este. Y en el Depto. De Canelones en la Laguna del Cisne en el 2016. Todos a causa del cultivo de soja transgénica en sus cuencas.

En ese sentido las modificaciones propuestas a la Ley de riego, que tiene como objetivo favorecer y garantizar la producción del monocultivo de soja transgénica, agrega un componente más al impacto negativo en las fuentes de agua; la construcción de embalses (gestionada por privados), que configura una amenaza potencial a la calidad del agua superficial, contraviniendo el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo hidrológico, contenidos en la Constitución. Así mismo pone en riesgo el consumo humano como derecho fundamental y prioritario consagrado en la misma.

El escenario que esta política del gobierno proyecta, profundizará aún más la expulsión de los pequeños productores que quedan en el campo debido a las exigencias económicas que a través de hipotecas y gravámenes obligan a los productores que quedan cautivos dentro del sistema de riego, por tanto tenderá como consecuencias a la concentración y la extranjerización de la tierra. Hoy más del 50 % de la tierra del país está en manos de extranjeros, y entre 2000 y 2011 más de 12.000 productores fueron expulsados del campo, de ellos el 80 % eran pequeños productores.

Por otra parte los anuncios de los científicos nos informan que, dado que nuestras fuentes de agua están TODAS ya contaminadas (en mayor o menor grado), este proyecto ocasionará pérdida de biodiversidad, ecosistemas y calidad de agua, agravando la situación ya existente.

Esta ley crea un mercado lucrativo del agua permitiendo a empresas privadas (las obras hidráulicas se harán bajo el formato de la PPP) la venta de agua poniendo en riesgo nuestra soberanía.

Esta ley, producto de un mandato del Banco Mundial, expresa las voluntades políticas y económicas existentes dentro y fuera del Uruguay, con el objeto de impulsar a través de los acuerdos público-privados (PPP), un proceso abierto de mercantilización del agua, que beneficiará exclusivamente a los grandes productores agrícolas nacionales y extranjeros.

Por cierto que la inconstitucionalidad de esta ley no está dada solamente en los aspectos económicos o ambientales de la nueva Ley de Riego. Desde la citada reforma constitucional de 2004 quedó inscripto en la Constitución que la gestión y el control del uso de los recursos hídricos debe realizarse con participación social. Los únicos que participarán en la gestión del uso de agua para riego serán quienes lucrarán con el agua (o quienes necesiten de ella para producir).

La FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE y la CNDAV (Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida) participantes de FAMA 2108 convocamos a difundir y apoyar nuestra lucha a nivel internacional denunciando la violación de la voluntad popular llevada adelante en el 2004 por el pueblo Uruguayo.

EL AGUA ES VIDA

EL AGUA NO ES UNA MERCANCIA

EL AGUA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

CONTRA LA LEY DE RIEGO por tratarse de una Ley inconstitucional, ilegal, privatizadora y contaminante!!!!